Mientras que en Uruguay el error del Gobierno en el año 2007 fue ceder a las exigencias de Campiani para manejar la aerolínea PLUNA, como por ejemplo que el gobierno fuera garante del 100% de la compra de los Bombardier, siendo propietario de solo el 25% de la aerolínea, el Gobierno Español en diciembre ha dicho no a las últimas e inaceptables exigencias del gigantesco proyecto Eurovegas tras la negociación que las Administraciones públicas españolas mantenían con el billonario empresario estadounidense Sheldon Adelson. Lo notable del caso es que mientras Campiani, sin ningún respaldo económico conocido, pudo embaucar al gobierno uruguayo, Adelson, cuya fortuna personal es de 39 mil millones de dólares, no logró imponer todos sus pedidos, aunque justo es reconocer que había logrado unos cuantos.
Durante más de dos años, con los cantos de sirena de inversiones millonarias y la creación de decenas de miles de empleos, tanto la Comunidad de Madrid como el Ejecutivo central iban cediendo a las peticiones de Adelson con reformas legales que se adaptaban como un guante a sus necesidades. Pero ni la recalificación del suelo en Alcorcón —el municipio designado para el magno complejo de ocio— ni la reducción del tipo tributario sobre el juego desde el 45% hasta el 10% ni las bonificaciones en el impuesto de transmisiones fueron sido suficientes para las aspiraciones de Las Vengas Sands Corporation, según la versión oficial.
Entre esas nuevas condiciones estaban el compromiso de revertir toda la inversión realizada más las eventuales pérdidas en caso de cualquier cambio normativo, es decir, rembolsar íntegramente la inversión a Sands en caso de cualquier ajuste que se realizara en el futuro respecto a las anormales bonificaciones otorgadas a Sands.
La debilidad económica de España y su elevada tasa de paro quizá animaron a la multinacional del juego a lanzar un órdago, pero la viabilidad económica del proyecto nunca estuvo realmente garantizada, dado que Adelson, aficionado a elevar la apuesta por encima de los 25.000 millones de euros, no estaba dispuesto a desembolsar más de los 6.000 millones necesarios para acometer la primera fase del proyecto. El resto se fiaba a otros inversores y, muy especialmente, a la participación de la banca española. La celeridad con la que Las Vegas Sands emitió su nota de prensa retirando la apuesta, una vez que el Gobierno anunciaba su rechazo, demuestra su creciente falta de interés y, probablemente, de fondos.
Eurovegas era un proyecto sin garantías de rentabilidad envuelto en un triunfalismo desbocado e injustificado. Apostaba por el juego, una actividad que, al igual que una aerolínea, como se ha visto, necesita de importantes ventajas fiscales para mantenerse en pie.
El proyecto inicial contemplaba una primera fase con cuatro resorts, con 3.000 habitaciones en cada hotel, zonas de reuniones, convenciones y teatros, que debería estar finalizada en 2017 que daría trabajo de forma directa o indirecta a 80.000 personas, según los promotores.
La tentación para el Gobierno español aceptara cada una de las exigencias de Adelson fue enorme, pero aun con la posibilidad de generar miles de nuevos puestos de trabajo, el gobierno decidió, acertadamente, no jugar a la ruleta con los dineros públicos y se animó a decir que no a un proyecto muy lindo pero demasiado arriesgado.
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